Hasta la fecha no pueden (o no quieren) sentenciar a Ulises Rodríguez Lázaro, Liliana Torres y al mismísimo Javier Alvarado Gonzales del Valle
¿Qué entenderán los jueces cañetanos por el principio de celeridad?
¿Sabrán o se hacen que no saben, que la celeridad es el requisito primordial del debido proceso?
Nos contaba un alumno de Derecho del segundo ciclo, que ya les han inculcado que los procesos judiciales tienen que ser ágiles, rápidos, formales y efectivos.
Pero parece que en el Perú y especialmente en Cañete, el principio de celeridad no funciona, sobre todo cuando de por medio hay peces gordos, o de repente alguna autoridad comprometida con actos de corrupción.
En la Corte Superior de Cañete, están pendientes de resolver casos emblemáticos, en donde los actores son figuras políticas que estarían comprometidos con actos de corrupción, pero que misteriosamente los jueces , que son los llamados a administrar justicia a nombre de la Nación, se hacen los desentendidos o no quieren chocar con ciertas amistades, atentando contra una correcta administración de justicia y evitando sancionar drástica y ejemplarmente a quienes han actuado de la forma incorrecta, agraviando los recursos del Estado.
HAN DEMORADO MÁS DE OCHO AÑOS EN SENTENCIAR A ULISES RODRÍGUEZ, Y YA LOS CONVENCIÓ QUE ES INOCENTE
Ulises Rodríguez Lázaro, es un político cazurro que se cree muy hábil para convencer a los jueces de Cañete, que él era el Alcalde, pero que no sabía nada.
Al menos esa es la teoría que está presentando como defensa, contando con el apoyo de los “peritos”, que prácticamente lo han limpiado de todo.
Como puede ser posible que a pesar del tiempo transcurrido, los magistrados que tienen en su poder el expediente contra Ulises Eduardo Rodríguez Lázaro, hasta la fecha no se pronuncien y sentencien de una vez por todas a este ex alcalde de Yauyos y que hoy realiza funciones de Consejero Regional.
El retardo en dictar sentencia de parte de estos magistrados cañetanos, impide que se suspenda de sus funciones en forma inmediata a este Consejero Regional y luego se proceda a vacarlo definitivamente.
La sentencia que emitan los magistrados cañetanos sobre este caso, será un parámetro para conocer los otros resultados.
Quienes conocen a los magistrados Moisés Martínez Meza, Ángel Polanco Tintaya y Ascensio Ortiz, los consideran débiles de carácter y proclives a absolver a implicados en casos de esta naturaleza, lo cual nos da una mala espina.
Po eso es que a nivel de región, hasta la fecha no hay ninguna autoridad o ex autoridad en prisión. Poor eso las denuncias de corrupción se acrecientan cada vez más y NO PASA NADA.
Si en Huacho, en la Universidad “Sánchez Carrión” se tiraron Un Millón de Soles y no pasó nada, pues que se puede esperar de la pandemia que podría existir en el Poder Judicial peruano, mal visto por la mayoría de la población.
LAS DONACIONES AL PODER JUDICIAL, SURTEN EFECTO
Muchas autoridades de la región, han recurrido al facilismo de hacer donaciones al Poder Judicial, convirtiéndose estos hechos en unos males endémicos que se han extendido hasta la propia Presidencia Regional, quien se muestra generoso haciendo convenios con el Poder Judicial para hacer algunos trabajitos en las cárceles tanto de Cañete, como de Huacho.
Otr5a autoridad caritativa con el Poder Judicial, fue Alcalde suspendido de Huaral, Jaime Uribe Ochoa, quien cedió parte del estadio “Julio Lores Colán” al Poder Judicial.
Caso similar sucedió en Huacho, cuando el Camal Municipal fue cedido a la Corte Superior de Justicia de Huaura y allí se encuentra abandonado, por lo que el actual Alcalde Santiago Cano, debe solicitar su recuperación, por más que le hayan puesto un cartelito de pronta construcción.
Los Vocales de Cañete que deben ser amigos del Presidente Regional Javier Alvarado, seguramente que se encontrarán en un gran dilema, pues de por medio también corre en esa Corte una denuncia contra José Arias Chumpitaz, que se encuentra comprometido en una gran denuncia al igual que la actual consejera Regional, Liliana Torres.
Si sentencia a Arias Chumpitaz, por lógica tendrá que hacer lo mismo con la Consejera Cañetana y por eso seguramente que no se animan de actuar de acuerdo a Ley.
Y lo más escandaloso del caso es que existiendo un detenido, que es Luis Alberto Bernal Saavedra, no se ha hecho lo mismo con los otros implicados.
¿Serán estos mismos Vocales los que tendrán que ver el expediente de Javier Alvarado?
¿Habrá alguna garantía de que estos magistrados de la Corte Superior de Cañete van a actuar con la debida imparcialidad y sancionar a los denunciados por actos de corrupción?
Estos tres Vocales cañetanos parece que no han escuchado las palabras del Presidente Ollanta Humala Tasso, cuando manifestó claramente que un Juez corrupto es más peligroso que un prontuariado delincuente suelto.
HACE MUCHO TIEMPO, SEÑORES MAGISTRADOS
La Fiscalía Superior Penal ha formulado acusación penal contra estas autoridades regionales, hace ya un buen tiempo, pero todo está retenido en el Poder Judicial de Cañete.
La Consejera Regional Liliana Torres, ha sido denunciada como cómplice primaria en el delito contra la Administración Pública, Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores y Ejercicio Ilegal de la Profesión, en agravio de la Municipalidad distrital de Asia y el Estado.
El Fiscal Superior del Ministerio Público de Cañete, ha solicitado seis años de pena privativa de libertad e inhabilitación por dos años, privándola de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular e incapacitándola para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Los funcionarios públicos y las autoridades, saben de la lentitud con la que actúa el Poder Judicial, por eso no se hacen problemas para cometer sus acciones atentatorias contra los recursos del Estado.
A nivel de la región Lima provincia, existen muchas autoridades denunciadas penalmente, que esperan turno para ser sentenciados, pero como los jueces actúan de la manera conocida, entonces les permiten que culminen sus períodos para el cual han sido elegidos.
Y si ya han metido uña, pues lo vuelven a realizar porque saben que tienen que irse bien forrados, para cuando les toque defenderse.
Mientras haya jueces complacientes, la corrupción nunca va a terminar.
Por más leyes que se den, la corrupción va a estar allí.
Se creía que el Nuevo Código Procesal Penal era el bálsamo salvador, pero se equivocaron. Aquí no se necesitan más leyes. Se necesita una razzia total y todos los magistrados corruptos que se vayan a la cárcel.
¿Qué pensará el Presidente de la República sobre este tema?
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