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| CONGRESISTA SALAZAR, UNO DE LOS POCOS PREOCUPADOS POR MODERNIZAR EL PODER JUDICIAL |
El estudio y análisis para que los delitos cuyas penas sean menores a 4 años merezcan mandato de detención debe ser una de las primeras tareas de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, planteó el congresista Octavio Salazar integrante de esa Comisión.
Además propuso eliminación beneficios penitenciarios en los casos de reincidencia para cualquier tipo de delito, a fin de evitar la salida a las calles de delincuentes que luego atentan contra la vida de los ciudadanos.
La mencionadas propuestas se suman a las contenidas en el plan de seguridad ciudadana elaborado por el congresista Octavio Salazar, el cual tiene como título “Proyecto país: Perú seguro. Lineamientos de política para un Perú seguro y sin violencia”, que fue entregado a la comisión especial congresal como el primer aporte concreto para iniciar el trabajo encomendado.
El representante de La Libertad, plantea que frente al crimen organizado se debe actualizar el marco legal para fortalecer el accionar de los organismos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado para elevar su nivel de efectividad, y privilegiar las herramientas legales de arrepentimiento, colaboración eficaz, confesión sincera, escucha legal, empleo de colaboradores y agentes, sistema de recompensas, entre otros.
Ante el tráfico ilícito de drogas, sugiere gestionar la promulgación de normas legales que perfeccionen la Ley de pérdida de dominio y la legislación sobre el lavado de activos para dar al Estado la facultad de disponer el uso de los bienes, muebles e inmuebles incautados.
Para enfrentar los rezagos del terrorismo, propone actualizar el marco legal para fortalecer el accionar de los organismos comprometidos en la lucha contra el terrorismo posibilitando elevar su nivel de efectividad, así como privilegiar las herramientas legales de arrepentimiento, colaboración eficaz, confesión sincera, escucha legal, empleo de colaboradores y agentes, sistema de recompensas, entre otros.
Frente a la corrupción, plantea promover una normatividad que garantice el rol de la Contraloría y demás organismos del Estado vinculados a la lucha contra la corrupción, y fortalecer la coordinación e integración de los esfuerzos de prevención, investigación y sanción de la corrupción de las distintas entidades estatales involucradas.
De otro lado, para enfrentar los conflictos sociales, plantea promover una normatividad para facilitar la asignación de recursos económicos financieros adicionales para los operadores del Estado responsables de la negociación y neutralización oportuna de las alteraciones del orden público en zonas de conflictos sociales.
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