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| EL PODEROSO, ESTÁ DESESPERADO Y AHORA HA PEDIDO DOS HABEAS CORPUS |
* El accionar
corrupto de ellos, le permite seguir libre durante 12 años a pesar de haber
afectado los recursos de la Municipalidad de Lunahuaná por más de Tres millones
de nuevos soles.
* Javier
Alvarado solicita Habeas Corpus en Chincha y en Callao, para paralizar
sentencia que lo llevaría a la cárcel por 11 años
* En Huacho,
denuncias en su contra están paralizadas desde hace año y medio y no les
da la gana de acusar al denunciado Presidente Regional
* Fiscal Yuri
Iván García Cano trata de archivar denuncia por Usurpación de Función Pública
de los 9 Consejeros Regionales
* Fiscal Luz
Liberato Conde, dispone 60 días para investigar a Javier Alvarado y Fernández
Estrella por Omisión y Rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio
del Estado.
* Sin
embargo, Fiscal Fernando Nilo Ayala Borja en 48 horas, dispone abrir proceso
judicial a Vicepresidenta Regional Lita Román, por supuesta usurpación de
funciones.
-Oscar Rolando Guerrero Torres-
El
imputado Javier Alvarado Gonzales del Valle, trata por todos los medios de
salvarse de una larga condena en la cárcel de La Cantera (Cañete).
El
todavía Presidente del Gobierno Regional Lima, pregonaba a los cuatro vientos
que no tenía ninguna denuncia penal y que todo era solamente afirmaciones de
“sus enemigos políticos”.
Es
que confiaba que sus Fiscales de Cañete,
Elizabeth Vadillo y Lita Sánchez, iban a archivar la denuncia que desde
12 años lo persigue por haber “robado al Municipio de Lunahuaná, la suma de 3
millones 400 mil soles en el año 2002”, según la carta Nº 047-2013, presentada
por el colectivo Anticorrupción de la Región Lima al Juez Hermann Félix Paul
Yonz, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chincha.
Cuando
estas dos cuestionadas fiscales fueron descubiertas, no les quedó más que a
regañadientes, presentar la denuncia
ante el Juez de Investigación Preparatoria de Lunahuaná.
El
caso pasó al Segundo Juzgado Unipersonal de Cañete que despacha el ex policía
Pablo Huertas Mogollón, quien sospechosamente devolvió el expediente a
Lunahuana, tratando de alargar el proceso.
La
valiente decisión y conocimiento del Juez de Lunahuaná Luis Chávez Acharte,
determinó que el expediente sea remitido nuevamente a Cañete, señalándole al
Juez Huertas Mogollón, que en caso de existir errores NO esenciales, su
corrección podía haberse efectuado en sede de juicio oral, es decir que debió
haberlo hecho el propio ex policía, ahora metido a Juez, conforme lo señala el
artículo 387.3 del NCPP.
Esta
actitud sospechosa y prevaricadora del Juez cañetano, ocasionó una innecesaria
dilación al proceso.
Al
final de su informe, el Juez de Lunahuaná le recuerda a su colega cañetano
Huertas Mogollón, que lo actuado, al formar parte del auto de enjuiciamiento,
se convierte en IRRECURRIBLE, es decir que el fallo, resolución o sentencia de
un juez, no admite ningún procedimiento para que pueda ser cambiado, es decir
es definitivo.
Esto
quiere decir que el ex policía, convertido ahora en Juez, trató por todos los
medios de alargar el señalamiento de la fecha de inicio del juicio oral contra
el ahora imputado Javier Alvarado Gonzales del Valle.
A
Huertas Mogollón, no le quedó más que notificar al inculpado Alvarado Gonzales
del valle, para el día 20 de agosto del 2013 a horas 10.00 am. bajo
apercibimiento.
ALVARADO Y SUS DOS HABEAS CORPUS
Enterado
de la determinación del Juez cañetano, un desesperado Javier Alvarado que ya
había contratado a un abogado especialista en alargar juicios y a dos abogados
que se ufanan de solucionar casos imposibles, no le quedó más remedio que
acudir al facilismo, es decir buscar un Habeas Corpus en un juzgado que ya le
es familiar a Javier
Alvarado,
en la provincia de Chincha, donde ya le habían complacido un pedido similar a
la ex Consejera de Cañete, Liliana Torres Castillo.
Es
aquí donde entra a tallar el Colectivo Anticorrupción de la Región Lima,
quienes con una contundente Carta de fecha 01 de agosto del 2013, le recuerda
al Juez Hermánn Félix Paul Yonz, que Javier Alvarado “ha robado al Municipio de
Lunahuaná, la suma de 3 millones de soles en el año 2002”.
“Queda
claro, Señor Juez que el Habeas Corpus que usted ha admitido, no es más que una
maniobra orquestada por el presunto delincuente Javier Alvarado, para detener
la sentencia que se avecina en un plazo de 60 días, según lo estipula el Nuevo
Código Procesal Penal, por lo que expresamos nuestra preocupación por este
hecho, más aún cuando, según versiones periodísticas, este individuo pregona
por todos lados que ya tendría arreglado al Juez de Chincha, es decir a usted”.
La
provincia de Chincha, se vió convulsionada con la presencia de este Colectivo
Anticorrupción de la Región Lima, mereciendo la cobertura periodística de la
prensa chinchana, quien dio una amplia cobertura a este hecho, viéndose precisado la Corte Superior de Ica, de tomar la decisión de apartar del caso al
cuestionado juez Paul Yonz, quien ha sido cambiado a la provincia de Pisco.
En
su reemplazo se ha designado a la Juez Jéssica Campos Martínez, quien tendrá
que decidir la procedencia o no, de este recurso de Habeas Corpus, que
solamente tiende a alargar más el proceso y evitar que Javier Alvarado sea
sentado en el banquillo de los acusados el 20 de agosto, tal como ya se le ha
notificado.
JAVIER ALVARADO ENTRA EN TERROR Y
SOLICITA OTRO HABEAS CORPUS EN EL CALLAO
Desesperado,
entendiendo que su maniobra no le va a salir como tenía planificado él y sus
abogados, Javier Alvarado Gonzales del Valle, bien aconsejado por su abogado
especialista en estos menesteres, adoptan la determinación de acudir en recurso
de Habeas Corpus al Distrito Judicial del Callao.
Ha
sido el Segundo Juzgado Penal del Callao, quien ha recepcionado el mencionado
recurso, última salvación que le queda al imputado Javier Alvarado, para evitar
estar sentado el próximo 20 de agosto, en el banquillo de los acusados, allá en
el frío penal La Cantera de Cañete.
Uno
de sus abogados, ya se ha visto beneficiado con un recurso similar, cuando
asesoraba al ex alcalde de Huaral, Jaime Uribe Ochoa. Lo único que logró fue
alargar la vacancia de Jaime Uribe, hasta que se vencieron los plazos y al final,
Uribe Ochoa tuvo que irse vacado.
Se
puede decir que en estos momentos el vanidoso Presidente del Gobierno Regional
Lima ha entrado en pánico. Tal es su desesperación que no se ha puesto a
pensar, que pasaría si en Chincha le
aceptan su Habeas Corpus. Para asegurarse ha presentado otro más.
Alvarado
Gonzales del Valle no tiene salvación. Ya ha contado con los servicios
profesionales de los prestigiosos
juristas Fidel Segundo Rojas Vargas y Augusto La Torre Torres. Seguramente estos
reconocidos hombres de leyes le han dicho que no tiene salvación.
Por
eso se habría visto obligado a contratar a abogados que solamente puedan
alargar en base a argucias, el proceso, que le permita culminar su período en
diciembre del 2014 y de allí esperar la
sentencia definitiva.
FISCALES Y JUECES A SU SERVICIO
Javier
Alvarado Gonzales del Valle se da el lujo de contar con sus propios jueces y
fiscales. En Cañete contaba con la protección de la Presidenta de la Corte
Superior de Justicia, la ahora defenestrada Luz Gladys Roque Montesillo, quien
tiene a su hija trabajando en el Gobierno Regional Lima.
En
el Ministerio Público de Cañete, ha contado con las descaradas protecciones de
las fiscales Lita Sánchez Tejada, que tiene a su hermano trabajando en la
Dirección Regional de Agricultura de Lima. Además de la fiscal Elizabeth
Vadillo, que más parecía la abogada del imputado Javier Alvarado, puesto que
hasta el último momento trató que la denuncia sea archivada.
En
Huacho, la cosa es más escandalosa, sobre todo en el Ministerio Público de
Huaura, donde los fiscales tienen encarpetadas las denuncias desde hace año y
medio. Y esas denuncias son graves, pero casualmente esa clase de denuncias son
las que le gustan a estos malos fiscales.
Allí
se encuentran durmiendo el sueño de los injustos, denuncias contra el
Presidente del gobierno regional Lima, contra el Gerente General Luis Fernández
Estrella, contra el ex Subgerente de Administración Javier Vargas Cuestas, por
el audio que lo delata pidiendo cuatro facturas en blanco.
Están
las denuncias contra la compra presuntamente sobrevalorada de las laptops, chikiambulancias,
el escandaloso caso Cancanya, donde una empresa española se fugó del país,
llevándose DOS MILLONES de nuevos soles.
NI LA PRESENCIA DEL FISCAL SUPREMO
CORRIGE EL ACCIONAR DE ESTOS FISCALES
Ni
siquiera la visita de un Fiscal Supremo de la Fiscalía de la Nación, ha hecho
cambiar el accionar de los Fiscales del desprestigiado Ministerio Público de
Huaura.
Uno
de los Fiscales que más denuncias recibió por presuntos actos de corrupción ha
sido el Fiscal Yuri Iván García Cano. Sin embargo poco o nada le interesa que
el comisionado haya llevado un buen número de denuncias, simplemente porque
este Fiscal se encuentra bien protegido por sus superiores y sabe que nada le
va a pasar. Muchas denuncias por corrupción han llegado a sus manos, como el caso
del Alcalde de Végueta, pero parece que la mano le tiembla para denunciar a
quienes se encuentran comprometidos con presuntos actos de corrupción. O de
repente tiene motivos más especiales para archivar descaradamente las
denuncias.
En
el Expediente Nº 1700-2013, sobre usurpación de Función Pública por parte de
los nueve Consejeros Regionales, el delito se encuentra previsto y penado por
el artículo 361º del Código Penal.
El
hecho, es que estos Consejeros Regionales usurpando la función atribuida al Presidente
Regional, designaron a los Secretarios del Consejo Regional, cuando esa función
es exclusiva del Presidente Regional que tiene la atribución de designar y
cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar
y cesar a los funcionarios de confianza.
Este
tipo penal, de ejercer funciones correspondientes a cargo diferente del que
tiene, es eminentemente doloso.
El
bien tutelado es generalmente, el buen funcionamiento de la administración
pública.
La
denuncia fue presentada el 06 de junio del 2013, es decir hace dos meses, pero
con fecha 02 de julio del 2013, Yuri García Cano, emite la disposición Nº 01 de
fecha 17 de junio del 2013, citando al denunciante para que concurra a su
despacho para que precise los hechos que son materia de la denuncia.
A
pesar que el denunciante narra detalladamente los hechos, señalando a los
responsables, los fundamentos jurídicos que incluye el artículo del Código
Penal que tipifica los hechos imputados, el bien jurídico que al Estado como
agraciado, los medios probatorios. Sin embargo, el Fiscal, tratando de
minimizar la denuncia, NO dispone el inicio de la investigación preliminar, a
fin de que se cite al denunciante en la etapa inicial de la investigación para
que ratifique su denuncia como se estila, postergando el inicio de las
investigaciones, aparentemente orientadas a la impunidad, en clara
parcialización a favor de los denunciados que son los Consejeros Regionales,
que pasando por encima de las normas vigentes, usurparon las funciones del
Presidente Regional.
Yuri
Iván García Cano, el cuestionado Fiscal, tratando de minimizar la denuncia y
darle una ayudadita a los Consejeros Regionales denunciados, entre ellos
Marcial Palomino, señala descaradamente que “No se tiene claro y preciso, en que
consiste la presente conducta delictiva de los denunciados, NI que bien
jurídico tutelado ser habría afectado”.
Un
Fiscal, en quien recaen la mayor parte de las denuncias por corrupción, se hace
el desentendido, el que no entiende el tenor de la denuncia, con la única
intención de proteger a los Consejeros Regionales, especialmente al denunciado
Consejero Regional por la provincia de Huaura, Marcial Palomino.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA. EL DESCARO
DEL FISCAL NILO FERNANDO AYALA BORJA
Si
las denuncias contra Javier Alvarado Gonzales se encuentran archivas por más de
un año en el Ministerio Público de Huaura, sin el embargo el descaro se da en
el accionar del fiscal Nilo Fernando Ayala Borja, quien según han denunciado
los integrantes del Colectivo Anticorrupción de la Región Lima, en menos de 48
horas ha presentado denuncia penal ante un Juzgado de la Corte de Huaura,
contra la Vicepresidenta regional, Lita Román Bustinza, por un presunto delito
de usurpación de funciones.
Este
fiscal recién tomó el caso en estos días y en un santiamén, leyó todo el
expediente y determinó acusar a quien se convierte en el dolor de cabeza del
imputado Javier Alvarado, porque sería su reemplazante si éste pide licenciar
para candidatear a la reelección o es confinado en el penal de La Cantera.
El
Ministerio Público de Huaura con Salazar Huapaya a la cabeza actúa de la manera
más complaciente con el amigo, pero aplica mano dura contra los “presuntos
enemigos de Javier Alvarado”.
Es
la mejor manera de complacer el poder político y económico de este cuestionado
Presidente del Gobierno regional, para quien un fiscal de Cañete ha pedido 11
años de cárcel “por haber robado 3 millones 200 mil nuevos soles de la
Municipalidad de Cañete”.
