Casos Finver – Terrenos Eriazos COFOPRI – Hospital Regional, esperan
sentencia del Poder Judicial
PARTE I
En el mes de mayo de
este año, antes de irse del Congreso, los integrantes de la Comisión de Fiscalización acuerdan remitir
el Informe al Ministerio Público, conteniendo los escandalosos casos COFOPRI,
FINVER y Hospital Regional de
Cañete, para que actúe de acuerdo a la
Constitución y su Ley Orgánica, investigando a profundidad las irregularidades
observadas y la presunta comisión de delitos señalados en las conclusiones
emanadas de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Hasta esa Comisión
fiscalizadora llegó la denuncia sobre una adjudicación de tierras eriazas en
parcelas de pequeñas agricultura, para cultivo de paltas, ubicadas en el
distrito de Lunahuaná en Cañete.
La denuncia fue
presentada por el Alcalde de Lunahuaná, con el fin de salvaguardar los terrenos
eriazos, que estarían siendo vendidos irregularmente en la modalidad de casas
de campo a 12 y 15 dólares el metro cuadrado por la empresa Inversiones Río
Azul, de propiedad de los denunciados, cuyos fines son distintos a los
solicitados.
Pero allí no quedó la
cosa, porque mientras los congresistas integrantes de la comisión de fiscalización investigaban tremendo presunto
negociado, llegaba otra denuncia más grave que la anterior.
Esta vez la denuncia
era dirigida hacia el mismo personaje, pero en el desempeño de otro cargo,
debido a que también como Alcalde Provincial siguió en lo mismo.
Se denunciaba a Javier
Alvarado Gonzales del Valle, funcionarios y personas involucradas en malos
manejos de la cuenta del Fondo de Inversiones – FINVER CAÑETE, sobre supuesta
compra irregular de un terreno de 23 hectáreas para la construcción del
Hospital Regional de Cañete y también,
irregularidades en la administración de los recursos de la Municipalidad
provincial de Cañete.
CASO 1 .- LOS
TERRENOS ERIAZOS: COFOPRI
Al tomarse
conocimiento del faenón que se estaba haciendo con los terrenos eriazos, el
Alcalde de Lunahuana Ovidio Espinoza Escajadillo, solicita la intervención del
Ministerio Público de Cañete.
La denuncia es archivada
en primera instancia por la Fiscal Eliana Cadillo Leaño, bajo el argumento que
no tenía suficientes elementos de juicio. Al realizarse la Queja de Derecho, el
Fiscal Superior Penal, Jesús Domingo
Mavila Salón, vuelve a archivar el caso, por lo que el denunciante se ve
obligado a acudir ante la Fiscalía de la Nación.
El Poder Judicial a
través de la Jueza del Primer Juzgado Civil de Cañete, emitió la resolución Nº
27, el 11 de agosto del 2010, declarando fundada la demanda de interdicto de
retener, presentada por Julio Piccini Larco, Jimmy Herrera Reyna y Eduardo
Parodi, contra el Alcalde de la Municipalidad distrital de Lunahuaná Ovidio
Espinoza Escajadillo y ordena el cese de los actos de perturbación posesoria por parte del
demandado contra los recurrentes.
CON ESTOS JUECES, QUE
JUSTICIA SE PUEDE ALCANZAR
Mucho Ojo, señora Presidenta
de la Corte de Cañete. Esta información que estamos dando es una transcripción del Informe final de la
Comisión de Fiscalización del Congreso. Y si después de leerlo quiere una
aclaración, pídaselos a los ex congresistas.
Dice el informe:
En relación al proceso
judicial, ésta se sustenta en documentos que contienen serias irregularidades,
entre ellos las actas de inspección e informes técnicos legales, emitidos por
los funcionarios de COFOPRI.
Dice el informe que a
nivel policial, el Gobernador provincial, sólo brindó garantías personales, más
no posesorias, pues los denunciados no ostentan la condición legal de
poseedores, ni realizan actividad agrícola.
Sin embargo, Señora
Presidente de la Corte de Cañete, los denunciados lograron el reconocimiento
judicial de supuesto derecho posesorio, nada menos que por una de sus prestigiosas jueces.
Existen indicios, dice
el informe, que los denunciados actuaron con el apoyo de funcionarios y
autoridades, quienes lejos de salvaguardar el patrimonio del Estado, hacen uso
y abuso del derecho y de los instrumentos públicos en provecho propio.
Los denunciados, según
el informe, actuaron de mala fe y de
forma organizada, utilizando argucias legales para apoderarse de 45 hectáreas
de terrenos del Estado, vulnerando la propia ley, pues no se debe exceder de 15
hectáreas.
¿ Y QUÉ TENÍA QUE VER JAVIER ALVARADO EN ESTE ASUNTO?
Javier Alvarado
Gonzales del Valle era el Alcalde de Lunahuaná, a quien le recae la condición
de sujeto activo.
Según el informe
congresal, Javier Alvarado, habría cometido un acto arbitrario al emitir la
constancia de zonificación y las Resoluciones de Gerencia por parte de los
funcionarios denunciados.
Alvarado Gonzales del
Valle, se amparó en normas aplicadas para predios urbanos y no sobre terrenos
eriazos, generando perjuicio al Estado Peruano.
La emisión de estos
instrumentos públicos a cargo de los funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Cañete, implicó un perjuicio
para el Estado, ya que mediante esos documentos se dio inicio al trámite
respectivo ante COFOPRI, con el fin de adjudicar áreas de terreno que estaban
destinados a actividades agropecuarias.
Sin embargo tenía como
fines, la construcción y venta de casas de campo, lo que perjudica al Estado,
al poner todo el aparato administrativo para fines ilícitos en perjuicio del
Estado.
En esta denuncia están
comprendidos Javier Alvarado Gonzales del Valle y dos ex funcionarios más de la
Municipalidad distrital de Lunahuaná, recayendo sobre ellos los presuntos
delitos de Incumplimiento de Deber Funcional y Negociación Incompatible.
EL FAMOSO CASO FINVER
FINVER, son las siglas de Fondo de Inversiones
de Cañete. Es un fondo administrado fiduciariamente que tiene por objeto
financiar obras en una municipalidad provincial.
Sus recursos se
generan por el impuesto vehicular, las tasas por el uso de obras públicas y el
impuesto de alcabalas.
La denuncia por el mal
manejo de esta cuenta fue presentada a
la Comisión de Fiscalización del Congreso el 5 de noviembre del 2010, por Jorge
Luis Brignole Santolalla, periodista cañetano del programa “Sin Límite”.
El cargo es por los
malos manejos de la cuenta del Fondo de Inversiones, sobre supuesta compra
irregular de un terreno de 23.5 hectáreas, para la construcción del Hospital
Regional de Cañete y sobre irregularidades
en la administración de los recursos de la Municipalidad Provincial de
Cañete.
El 29 de noviembre del
2010, con expediente s/n., el Alcalde de
la Municipalidad Provincial de Cañete, José Espinoza Peña, remite copia de
documentos relacionados a la adquisición de terreno de 23 hectáreas, ubicado en el kilómetro 139 de la
carretera panamericana sur, distrito de San Luis, provincia de Cañete – Lima,
de propiedad de José Ruiz Patrón Buckley, para la construcción del Hospital
Regional de Cañete.
Espinoza Peña, ex
alcalde cañetano informó ante la comisión congresal que en el período 2003-
2008, el Comité Directivo del FINVER, administró directamente la cuenta
corriente financiando las obras que aprobaba, llevando la contabilidad
independientemente.
Este comité estaba
integrado por 16 personas, sin embargo nunca modificaron a sus representantes
ante la entidad bancaria.
339 CHEQUES GIRADOS
Entre los meses de
junio y diciembre del 2006, se giraron 339 cheques, suscritos por personas que
ya no integraban el comité o ya no contaban con poderes otorgados por el comité
y el Banco, siguió aceptando indebidamente el cambio de representante.
Durante los años
2007-2010, que es la gestión en la que ingresa como parte de la Municipalidad de Cañete, el comité recién fue
convocado en Noviembre del 2010 y al descubrir todo este tema, recién se activa
el comité directivo y se detecta que se giraron cheques por 4 millones 300 mil
nuevos soles, en los últimos cuatro años, dinero que salió ilegalmente.
Los cheques fueron
girados por dos personas, una de ellas, el Gerente Municipal que venía de la
gestión anterior y la segunda firma pertenece a un nuevo funcionario.
Desde el 2007 hasta
marzo del 2010, se giran 227 cheques por un valor de 3 millones 50 mil nuevos
soles, habiéndose investigado y no se encontró un registro contable que
sustente dichos egresos.
Se evidencia
irregularidades en el manejo de los fondos, existiendo indicios razonables de
la comisión de actos de peculado por parte de algunos funcionarios que
suscribieron cheques, entre ellos Manuel Márquez Vivanco y Eduardo Wanus
Gonzales.
Este Fondo de
Inversiones no estaba en capacidad de operar dicho fondo, pues de por medio no
existía un contrato de fiducia, a pesar que el reglamento del FINVER fue
aprobado por un Acuerdo de Concejo y que a la fecha no ha sido dejado sin
efecto.
EL GRAN MISTERIO
El directorio de
FINVER – Cañete sesionó por última vez el 29 de diciembre del 2006 y de allí
fue convocado en octubre del 2010, cuando ya había estallado el escándalo de
este famoso caso.
Si no había
representantes legales que integraran el comité directivo y no habiendo tenido
vida activa durante cuatro años, sin embargo no hay explicación alguna, como en
ese período se giraron 270 CHEQUES, por un valor de S/4´306,485.55 nuevos soles.
Estos 270 cheques
fueron girados por los señores Manuel Márquez Vivanco y Eduardo Wanus Gonzales,
sin tener la designación oficial como representantes del FINVER.
Y lo peor y en donde
se vislumbra una probable participación negligente del banco pagador de los
cheques, es en el caso de una persona fantasma inexistente para el Reniec, quien endosó un cheque por
S/9,800.00 a una tercera persona, a sabiendas que los cheques son
intransferibles.
El FINVER resultó siendo un gran negociado y
allí hay responsables que el Poder Judicial de Cañete está obligado a
sancionar.
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FINVER - CANCAYA - HOSPITAL REGIONAL
COFOPRI, - LUNAHUANA |
